El presente estudio tiene como objetivo establecer lineamientos para que la regulación normativa de la función notarial y registral, ejercida por el Poder Judicial, observe el paradigma jurídico de la independencia profesional de los notarios y registradores. Si antes de la Constitución vigente estos profesionales eran vistos como auxiliares subordinados al Poder Judicial, con el nuevo ordenamiento jurídico se les asignó el ejercicio independiente de una profesión de abogado que garantice la publicidad, autenticidad, seguridad y eficacia de los actos jurídicos. antes y por ellos. Para ello ejercen la calificación jurídica de títulos, personas y hechos jurídicos, siendo ésta la función más propia y especializada de la profesión. Aunque jurídicamente independientes, están sujetos a regulación, de conformidad con el §1 del art. 236 de la Constitución. Abarca las facultades normativa, rectora, fiscalizadora, de superintendencia y disciplinaria. Definir los límites del poder normativo requiere un análisis de la relación entre el principio de legalidad y las normas desde la perspectiva del derecho contemporáneo. Considerando el binomio tenso “servicio público – gestión privada, buscamos conciliar la regulación normativa con la autonomía financiera/administrativa de la gestión y la independencia jurídica de estos profesionales. Se concluye que la acción reglamentaria debe evitar determinaciones que provoquen inestabilidad en la independencia de los delegados, pues ello atenta contra la causa última de la función que desempeñan, la seguridad jurídica. Los órganos de control tienen la importante función de observar y hacer cumplir los límites de la intangibilidad de la Constitución. Preservar las normas de competencia legislativa es uno de los criterios de contienda para definir la legitimidad del control judicial de actas y notas.